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Las administraciones obreras

Rodrigo Garcia Treviño

 

Artículo publicado en Clave Nro.9, pág. 30, primera época, junio de 1939.

En las últimas semanas se ha suscitado en México la solución del interesante problema de las administraciones obreras de las industrias nacionalizadas en el país. Considerando el asunto de gran trascendencia para nuestros lectores, a continuación reproducimos un artículo de R. García Treviño sobre este tema, que fue publicado en el último número de la Revista de Economía, órgano del Frente de Economistas Revolucionarios.

Según la tesis brillantemente expuesta por un eminente marxista, “en los países industrialmente atrasados el capital extranjero tiene un papel decisivo. De esto se deriva la relativa debilidad de la burguesía ‘nacional’ en relación con el proletariado “nacional”. Esto, a su vez, crea las condiciones específicas del poder del Estado. El gobierno fluctúa entre el capital extranjero y el capital interior, entre la débil burguesía interior y el proletariado relativamente poderoso. El gobierno tiene, de tal manera, un carácter bonapartista sui generis. Se eleva, por decirlo así, por encima de las clases. Puede gobernar en realidad como instrumento del capitalismo extranjero manteniendo al proletariado sujeto con las cadenas de dictaduras policíacas o bien maniobrando y yendo hasta a hacerle concesiones, con lo cual adquiere cierta libertad de acción por lo que se refiere a los capitalistas extranjeros”.

A este interesante esquema sólo debemos hacerle una aclaración, necesaria debido a que en él únicamente se exponen los rasgos fundamentales del problema; es, a saber, que las “concesiones” no deben ser consideradas como dádivas graciosas, según suelen hacerlo ciertos “marxistas”. Las concesiones son el resultado de la acción de las clases oprimidas, que obligan a las clases poseedores a ceder en tal o cual punto, con el objeto de evitar una lucha que sería más costosa que lo que ceden, o bien para lograr, con beneficio propio, la alianza o el apoyo de los trabajadores.

Dicho lo anterior precisa reconocer que en México la tesis expuesta ha sido plenamente comprobada por los acontecimientos acaecidos durante el desarrollo de la revolución democrático-burguesa. Para no retroceder muy atrás, recordaremos que en la segunda mitad del período del predominio callista los gobiernos mexicanos no eran otra cosa que agentes del imperialismo. Después, la coyuntura económica mundial permitió que la presión imperialista (yanqui en particular) se aflojara un poco. Al mejorarse la economía del país, la burguesía nacional no consideró ya indispensable la tutela dictatorial del callismo, máxime cuando éste, al igual que todos los regímenes de su especie, cobraba demasiado caro sus servicios, ora permitiendo inmoralidades sin cuento a los funcionarios, ora protegiendo al reducido grupo de sus paniaguados para que monopolizaran los negocios y se enriquecieran, con perjuicio, naturalmente, de otros y que aspiraban a lo mismo.

Fue así como Cárdenas, después de cerca de un año de gobernar de acuerdo con los callistas, se sacudió a estos en un gesto que le conquistó la simpatía popular. Como resultado de la relativa prosperidad económica y de la correspondiente democratización de los métodos de gobierno, la clase obrera empezó a agitarse y vino un período de auge en el movimiento huelguístico. Las huelgas de ferrocarrileros y petroleros fueron coronadas, la primera indirectamente y la segunda de manera inmediata, por la nacionalización de estas dos ramas de la industria nacional.

La administracion obrera de los ferrocarriles

Los Ferrocarriles Nacionales de México eran, en realidad, una sociedad mixta. El gobierno era poseedor de la mayoría de las acciones desde tiempos de la dictadura de Díaz. La situación de la empresa era desastrosa ya que reportaba una deuda superior a su valor real, siendo los acreedores extranjeros. Con la nacionalización el gobierno quedó como dueño único del negocio; pero al mismo tiempo la deuda pasó a formar parte del pasivo de la nación. Así, si por un lado se dio un paso en la liberación nacional del país, por el otro los acreedores imperialistas salieron ganando; a partir de la nacionalización tenían un deudor más solvente que la empresa en bancarrota. Sea de ello lo que fuere, el caso es que pocos meses después de nacionalizados, los ferrocarriles fueron entregados al sindicato de la rama (Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana) para que los administrara.

En el tiempo que lleva de funcionar la administración obrera de los ferrocarriles se ha visto que las organizaciones de este tipo tienen serios aspectos negativos para el movimiento obrero. Los administradores son de hecho los líderes reformistas. Convertidos estos señores en administradores de una gran empresa dentro del sistema capitalista, se han transformado en muchos casos en un auxiliar para la explotación de los trabajadores. Se ha visto, así, que en ocasiones no han cumplido ni siquiera los mandatos legales o las prescripciones contractuales que provocaron la huelga de que arriba se habló. Además, con el objeto de obtener utilidades que sirvan para amortizar la deuda de los ferrocarriles, se ha intensificado en algunos casos el ritmo y aún aumentado el tiempo de trabajo (sin el correspondiente pago extra) de los obreros. Además de estas anomalías de orden meramente proletario, se ha incurrido en el error de no destinar las utilidades al mejoramiento de las vías y del equipo, cosas ambas que constituyen una verdadera necesidad nacional, ya que en la economía del país los ferrocarriles constituyen un nervio de importancia vital. En esta forma ha sido posible obtener en el primer año de administración obrera una utilidad de varios millones de pesos, haciéndose un abono de 20 millones a los acreedores imperialistas. Pero de esta manera se ha debilitado la confianza que los ferroviarios tenían en sí mismos como administradores y, sobre todo, como realizadores de su propio mejoramiento. No es posible decir hasta que punto haya contribuido tal cosa a la frecuencia de los últimos accidentes ferroviarios. Lo cierto es que tanto por estos accidentes cuanto por no haberse mejorado el servicio (vías, equipos, etc.), los portavoces de la reacción han encontrado pretextos para desacreditar a la administración obrera.

Sin embargo, y entre todos los aspectos negativos señalados, se destaca un hecho importante: la administración obrera de los ferrocarriles se ha mostrado, desde el punto de vista técnico, por lo menos tan eficiente como cualquiera otra de tipo burgués; ha cometido el error de proceder como si se tratara de una administración capitalista común y corriente, en la que el principal objetivo radica en la obtención de utilidades, sin parar en los medios. Y a fe que ha obtenido tales utilidades, según antes se dijo, demostrando así a la burguesía que financieramente hablando no puede considerársela como inepta o inferior a ella. Aunque esto sea condenable en una administración obrera que ha olvidado que nunca ni en ningún caso puede convertirse en instrumento de opresión de los trabajadores, es necesario tomar en consideración que la cuantía de las utilidades indica que buena parte de ellas se debe al mejoramiento en la gestión administrativa.

En todo caso, el que no se haya logrado mejorar más la administración, y el que en el aspecto obrero se haya desnaturalizado la dirección del sindicato, convirtiéndose exactamente en lo contrario de lo que debería ser, se debe a tres hechos fundamentales: 1º., a que dentro del sistema capitalista ni siquiera una industria administrada por la clase obrera puede escapar a las leyes de la economía burguesa; 2º., a que se trata de una empresa en bancarrota; y 3º., a que la expropiación fue de tipo capitalista, esto es, con indemnización.

La administración mixta del petróleo

Contrastando con la forma en que fueron nacionalizados los Ferrocarriles Nacionales de México, la expropiación del petróleo constituyó un auténtico episodio de la lucha de un país débil por su liberación nacional: en contra, por añadidura, del sector más agresivo y poderoso del imperialismo. Además, en este caso no se trataba de un negocio en bancarrota, sino de una industria floreciente que desde varios años atrás producía pingües utilidades. Contrastando también con los ferrocarriles, en este caso no se entregó por completo la administración a la responsabilidad del sindicato obrero. En la industria del petróleo el gobierno no sólo conservó en sus manos la propiedad de la empresa, sino además su administración.

En el primer momento el Estado aceptó de buen grado el ofrecimiento que le hizo el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para hacerse cargo de la administración. De los organismos sindicales de la agrupación surgió en un lapso de menos de 24 horas el aparato administrador; no obstante eso, la importante y compleja industria del petróleo siguió funcionando sin sufrir la menor interrupción ni trastorno. Indudablemente que por tratarse de un negocio de alta rentabilidad, el gobierno no estuvo de acuerdo, -como lo proponían los trabajadores- en que se constituyera definitivamente una administración sindical semejante a la de los ferrocarriles. Dos o tres semanas nada más duró la administración obrera del petróleo que, a decir verdad, sólo tuvo un carácter provisional. El Estado creó los organismos necesarios para controlar la administración. Sin embargo, aún bajo esta modalidad la intervención del sindicato es de gran importancia, ya que en el Consejo de la Administración tiene cuatro puestos entre nueve, y casi todos los altos funcionarios y la totalidad de los de segunda fila para abajo han sido administrados por él. A pesar de todo, existe la anómala y en el fondo inaceptable situación de que no se ha consolidado el carácter jurídico de la nueva administración. En consecuencia, los trabajadores no tienen a quien poder exigir el cumplimiento del contrato, ya que la industria no está totalmente en sus manos, no se ha constituido una nueva empresa semioficial, ni se ha organizado, en fin, un departamento o dependencia del Estado.

Desde el punto de vista de los resultados que la nueva situación ha dado para los trabajadores pueden hacerse muy interesantes observaciones, que comparadas con las que se hicieron sobre los ferrocarriles, nos servirán para establecer un juicio revolucionario sobre este original tipo de capitalismo de Estado en el que las grandes empresas son administradas por los sindicatos o con una esencial intervención de ellos.

Lo primero que salta a la vista es, hay que insistir, la alta rentabilidad de la industria del petróleo. Aunque la ofensiva imperialista debilitó en alto grado esta rentabilidad durante el primer año que siguió a la expropiación -y en cierta medida la sigue reduciendo aún-, a pesar de esto, insistimos, no es posible considerar a la industria del petróleo como un mal negocio, ni mucho menos como una empresa en bancarrota crónica como los ferrocarriles. Sobre esta base, pues, los dirigentes sindicales convertidos en administradores no han procedido con la masa trabajadora como sus colegas ferroviarios. A medida que ha sido posible han ido cumpliendo con los términos del laudo que las autoridades del trabajo produjeron en ocasión del conflicto con las empresas, laudo conforme al cual los ingresos totales de los obreros petroleros debían aumentarse en 26 millones de pesos por año. Por otra parte, aunque la ofensiva del imperialismo redujo en determinado momento la producción del petróleo al sólo volumen necesario para el consumo interno de México, la administración mixta de la industria no llegó a pensar en despedir a ningún trabajador, demostrando con este simple hecho que hay una diferencia digna de tomarse en cuenta entre las empresas típicamente capitalistas y las administraciones de las industrias nacionalizadas en cuya dirección y administración intervienen los sindicatos.

Desde el punto de vista de lo que dentro la dinámica histórica de la economía significan las administraciones obreras, el caso de la industria del petróleo es en extremo ilustrativo. Su valor progresista como factor de centralización económica quedó evidenciado desde el primer momento.

De las dieciocho empresas que antes de la expropiación existían se formó inmediatamente una unidad. Para ello no fue necesario forzar la situación ni mucho menos. La centralización surgió espontáneamente si así puede decirse. El hecho se explica si se tiene en cuenta que al convertirse el aparato del sindicato en aparato de la administración no podía haber sido de otro modo.

El autor de este artículo conoce el asunto en sus detalles íntimos por haber participado en los trabajos de estudio y redacción de un plan de reorganización de la industria que el Sindicato presentó al Presidente de la República pocos días después de la expropiación. El caso no es único, por lo demás. La misma tendencia a la centralización surgió espontáneamente entre los obreros panaderos cuando poco después pidieron que las tahonas les fueran entregadas. En España se advirtió igual fenómeno durante los meses que siguieron al levantamiento de Franco. Dueños de las fábricas en Cataluña, de la industria pesquera y sus derivados en Asturias y de numerosas granjas colectivas de Aragón, y en otras regiones de España. Los trabajadores no sólo industriales sino ¡hasta agrícolas!, centralizaban inmediatamente las ramas económicas. La nueva economía colectivizada se habría desarrollado espléndidamente a pesar de las dificultades de la guerra, de no haberla destruido los stalinistas, que en esta ocasión, como en tantas otras, obraron en calidad de agentes y policías de la reacción burguesa. Nada más que para justificar su actitud invocaron el pretexto de que la colectivización se oponía a las necesidades de centralización de la economía de guerra, siendo así que lo único que sucedía era que la centralización se realizaba por regiones y por nacionalidades, de acuerdo con la estructura técnica y geográfica de España, cosa por completo legítima desde el punto de vista marxista y que de todos modos implicaba un progreso. En México, donde no existe ninguno de los inconvenientes que se presentaron en la Península Ibérica salvo el de la actitud de los stalinistas, como luego veremos, las administraciones obreras de las industrias han sido un poderoso factor de centralización económica.

Características escenciales de las administraciones obreras

Dichas breve y esquemáticamente, tales son las características positivas y negativas de las ramas industriales más importantes que en México han sido nacionalizadas y que son administradas por los sindicatos obreros o con predominante intervención. Como el tema es amplísimo y complejo, dentro de la brevedad de un artículo como el presente sólo se pueden sacar conclusiones y experiencias históricas útiles si se sigue esquematizando.

Sobre la base, pues, de los hechos expuestos, podemos decir que las administraciones obreras:

1º quedan comprendidas dentro del capitalismo de Estado, que en la economía burguesa constituye un paso progresista;

2º por lo tanto, están sujetas a las leyes económicas burguesas y de esto se derivan todas sus limitaciones;

3º a pesar de seguir siendo empresas capitalistas encierran características y posibilidades que justifican el que la masa trabajadora considere factible que su dirección satisfaga las más apremiantes reivindicaciones obreras o, por lo menos, que no de ningún paso atrás en lo que a la situación de los propios trabajadores se refiere.

4º no obstante lo anterior, y siempre a causa de su sujeción a las leyes económicas burguesas -sujeción que provoca una mentalidad no proletaria en la gran mayoría de los dirigentes sindicales- los líderes obreros convertidos en administradores (caso de los ferrocarriles) suelen anteponer los intereses de las empresas capitalistas estatales que administran a los de las masas obreras, cuya defensa debería ser para ellos más importante que cualesquiera otras cosas;

5º por los hechos que han precedido a la constitución de las administraciones obreras, estas constituyen a los ojos de las masas auténticas conquistas;

6º por las circunstancias históricas en que se han organizado, son otros tantos jalones en la revolución anti-imperialista;

7º en las industrias administradas por los obreros o con su intervención, el Estado se reserva el control y dominio. Si se trata de industrias en bancarrota, la responsabilidad de la administración se arroja íntegramente sobre los sindicatos; si se trata de industrias de buenas perspectivas inmediatas o mediatas, el control estatal es más directo y los sindicatos son considerados como meros auxiliares;

8º por medio de la creación de las administraciones obreras de las industrias, el gobierno busca el apoyo del proletariado para arrebatar al imperialismo parte de la plusvalía que produce la propia clase obrera.

El proletariado frente al problema

Después de esto cabe preguntar, ¿las administraciones obreras de las industrias merecen el apoyo del proletariado revolucionario? O, por el contrario, ¿es conveniente oponerse a ellas, prefiriendo en todo caso que las industrias nacionalizadas sean administradas por el Estado?

Para la gran mayoría de los trabajadores la respuesta merece una contestación afirmativa categórica, sin reservas de ningún género. Más aún, de acuerdo con las “teorías” reformistas que ampliamente difundió entre las masas el stalinismo y sus amigos suele creerse que las administraciones obreras son unidades económicas socialistas a pesar de que coexisten con el capitalismo. Esta es la opinión más extendida entre las masas. Como adelante veremos, lo malo no está en que se vea con buenos ojos a las administraciones obreras, sino en que se las acepte ciegamente y se crea que constituyen verdaderas panaceas que bastará con multiplicar para llegar pacífica y voluntariamente a la transformación socialista de la economía. La extensión de semejante error se debe a la propaganda de tipo cien por ciento colaboracionista y reformista del stalinismo oficial y lombardista.

A últimas fechas, sin embargo, los epígonos vernáculos de Stalin han dado un viraje en redondo con esa “agilidad” en la que son maestros. Al aplauso ciego y entusiasta ha seguido la condenación irracional y airada. En el órgano stalinista, en un reciente congreso del Partido “Comunista” Mexicano y en diversas circulares internas Laborde y los suyos se han dado con calor a la tarea de hacer comprender a los trabajadores que no hay nada peor que las administraciones obreras.

En la resolución del Pleno del Comité Central de Partido “Comunista” celebrado los días 23 y 24 de octubre de 1938, se dice:

“En términos generales la administración directa de las empresas por los sindicatos no es aconsejable, pues pone en peligro la independencia y la libertad de acción de los sindicatos en la realización de sus funciones verdaderas... La administración de las grandes empresas nacionalizadas debe quedar a cargo del Estado, con la cooperación de los sindicatos y con un sistema de control obrero”.

En el informe de Laborde al VII Congreso del Partido “Comunista” Mexicano (enero 28 a febrero 3 de 1939), se repiten ideas semejantes en la siguiente forma:

“La administración de una empresa por el sindicato suprime o restringe la función principal del Sindicato, que es la de defender los intereses de clase de los trabajadores. O en el mejor de los casos, desdobla la personalidad del Sindicato, que viene a ser al mismo tiempo defensor de los trabajadores y administrador, es decir, defensor de la empresa. Inevitablemente una función entra en conflicto con la otra, y el sindicato tiene que escoger entre la empresa y los trabajadores. Y es muy probable que abandone los intereses de los obreros, empeñado en hacer triunfar la administración... La administración obrera descentraliza y dispersa la economía, en vez de centralizarla y organizarla...”.

Luego, en otra circular de fecha 8 de mayo de 1939 se dan directivas concretas a los comunistas miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a fin de que en la convención que se reunirá el 1º de junio de este año luchen porque la industria del petróleo no se entregue a los obreros para su administración. En esta circular, hablando con un tono semejante al de cualquier “revolucionario de entonces”, los stalinistas consideran fracasada la administración obrera de los ferrocarriles. Y haciendo gala, en fin, de un espíritu contrario a todo lo que implique lucha, invocan el argumento de que el imperialismo vería con malos ojos que el petróleo fuera administrado por los obreros.

En resumen, pues, los stalinistas condenan en principio (“en general”, dicen ellos), las administraciones obreras, a las cuales, por supuesto, califican de trotskistas, dedicando (circular citada en primer término) siete u ocho páginas a demostrar ese pretendido trotskismo.

Sobre la pretendida descentralización que las administraciones obreras provocan en la economía, no creemos necesario decir una sola palabra. Los hechos están a la vista de todos. Tal vez al hacerse semejante afirmación se quiera dar a entender que si el Estado administra se produce automáticamente la centralización no ya en el plano de tal o cual industria, sino a escala nacional. La ligereza, empero, salta también a los ojos, pues ya vemos como el Estado no ha sido en muchas ocasiones capaz ni de centralizar labores administrativas menos complejas. Lo importante, empero, no está en eso; radica en que la centralización de las industrias que administran los obreros pueden y debe hacerse con un criterio de clase, es decir, a través de las centrales sindicales nacionales. Aquí encontramos algo inexplicable, pues, ¿cómo concebir que quienes se pasan la vida hablando de unidad no puedan haber pensado en una cosa tan simple y tan clara?

El que esto escribe no tiene por qué ni para qué regatear los más duros calificativos a los dirigentes sindicales que al llegar a ser administradores de las industrias nacionalizadas se convierten en instrumentos de explotación de los obreros, en fuerza de su afán de hacer que las empresas que dirigen produzcan utilidades. Estas gentes, como tantas otras, son traidoras a su clase. Pero, cabe preguntar ¿este hecho basta para condenar en principio (“en general”, como dicen los stalinistas) a las administraciones obreras? ¿La existencia de éstas es la causa de tal traición y de semejante degeneración del aparato dirigente de los sindicatos? No, evidentemente. Muchos líderes hacen de los sindicatos un medio de lucro; desnaturalizando sus funciones trafican con las huelgas y aún llegan a ponerse a sueldo de los patrones. Sin embargo, esto no es una razón para condenar el sindicalismo, salvo, claro está, si se trata de enemigos de la clase obrera, que se valen de esas inmoralidades como pretexto para tratar de quitar al proletariado sus armas de lucha. La segunda pregunta queda contestada también con las breves observaciones que preceden. La causa de la traición de los líderes que más que tales quieren ser “buenos administradores” (en el sentido burguesamente utilitarista del término) no reside en la existencia de las administraciones obreras, sino que es un fruto podrido del ambiente social en que vivimos. El remedio no consiste, entonces, en acabar con las administraciones obreras, sino en depurarlas; en sostener una lucha revolucionaria en el seno del movimiento obrero, ni más ni menos que como la que todos los revolucionarios sostienen por acabar con el gansterismo sindical. Claro que para ello es necesario que exista un partido obrero revolucionario. Como claro está también que quien acepte como inevitable la degeneración de los sindicatos que administran industrias y, sobre todo, quien no luche contra esta nueva modalidad de la degeneración de los líderes sindicales, de revolucionario no tiene ni un pelo.

En el rico acervo de las teorías marxistas encontramos bases doctrinales que, lo mismo que el buen sentido revolucionario, confirman la opinión sustentada. A montones podríamos invocar argumentos. Para abreviar, sin embargo, sólo recordaremos algunas de esas teorías.

Las cooperativas existentes dentro del régimen capitalista han sido, como se sabe, materia de amplias discusiones entre los representativos de las diversas tendencias obreras. Para unos son el sésamo ábrete de la economía colectiva. Cuando el movimiento cooperativista se haya extendido ampliamente, dicen estas gentes, la humanidad pasará alegremente, por la amplia calzada de las reformas pacíficas, del capitalismo al socialismo. No, dicen otros, las cooperativas dentro del sistema burgués son negativas; constituyen un elemento de degeneración del proletariado; más aún, son un medio de explotar cruel y despiadadamente a los obreros, precisamente a nombre de su mejoramiento. El marxismo, en cambio, no cae en ninguno de estos dos extremos, igualmente falsos y nocivos desde el punto de vista revolucionario. Para los marxistas las cooperativas no son la llave maestra del socialismo; pero tampoco pueden ni deben desecharse porque sean susceptibles de servir exactamente para lo contrario de aquello para lo que fueron creadas. En la medida en que sirven de elemento de mejoría, de organización y de entrenamiento técnico de los trabajadores, las cooperativas son auxiliares de la lucha revolucionaria del proletariado, a condición de que supediten lo transitorio y parcial, que es precisamente lo que queda dicho, a lo trascendente y general, que no es otra cosa que la lucha por la transformación del régimen capitalista. Las cooperativas deben quedar supeditadas al movimiento histórico y revolucionario de la clase obrera; y la lucha en contra de todos los frutos del ambiente capitalista debe ser llevada al propio seno de las cooperativas, en forma de lucha constante y enérgica contra los inmorales y los traidores que pretenden aprovecharlas para medrar y enriquecerse.

Más claras quizá que las cooperativas, son la teoría y práctica marxista sobre la participación del proletariado en los ayuntamientos. Esto se puede estudiar en algunos países europeos. En Francia, por ejemplo, suele suceder que los partidos obreros conquisten la mayoría de los puestos consejiles de tal o cual ciudad; en ocasiones de algunas verdaderamente importantes. De esta manera la clase obrera se convierte, dentro de un sistema económica y jurídicamente capitalista, en administradora de grandes empresas municipales, alumbrado eléctrico o de gas, tranvías, agua potable, etc. en la mayoría de los casos los funcionarios “socialistas” (y ahora también stalinistas) no han escapado a la tentación de hacer carrera política, convirtiéndose en traidores a su clase; Los reformistas más honrados se adaptan con pasividad, simple y sencillamente, al estado burgués, es decir, en el mejor de los casos sirven de elementos de adormecimiento del proletariado. Esto, sin embargo, no ha sido motivo para que el marxismo condene la participación de la clase obrera en los ayuntamientos. Enseña, a veces con palabras y en ocasiones con hechos, que en los ayuntamientos los revolucionarios pueden lograr ventajas inmediatas importantes para el proletariado; y, sobre la base de ejemplos vivientes, demuestra a la clase obrera que la política municipal es incapaz de liberarla de la opresión capitalista, ya que para esto hace falta la conquista del poder del Estado.

Algo semejante sucede por lo que se refiere a los representantes obreros en los parlamentos. Aunque nadie ignora que de los parlamentos burgueses han salido traidores de tipo de Mac Donald y de otras gentes de su calaña, el marxismo no ha condenado nunca la actividad parlamentaria. ¿Es que espera que los casos de corrupción no se repitan en el futuro? No, evidentemente. Sabe, por el contrario, que los diputados obreros seguirán pasándose al campo del enemigo de clase, o por lo menos que caerán en la modorra y la pasividad que impera en los escaños de los parlamentos burgueses. A pesar de esto, insistimos, no condena la lucha por la conquista de los curules. Y no lo hace no porque crea que desde el parlamento se va a hacer la revolución, no, sino porque sabe que constituye un punto de apoyo para su lucha histórica.

Lo mismo se puede decir de las administraciones obreras. Son puntos de apoyo para la lucha de clase del proletariado. Y puntos de apoyo valiosísimos por cierto. No se deben desechar porque sean o puedan ser desnaturalizadas. Ni siquiera porque se puedan convertir en elementos de descomposición del movimiento sindical. Ya hemos dicho que la sociedad burguesa toda es un gigantesco elemento de desnaturalización y descomposición del movimiento revolucionario. ¡Allí esta, si no, el monstruoso ejemplo de la internacional gloriosa que fundó Lenin, transformada -hoy en stalinista y no ya comunista- en uno de los más poderosos obstáculos de la revolución socialista!

Los colaboracionistas y oportunistas de todos los matices simularán creer en determinados momentos que las administraciones obreras son la panacea milagrosa del socialismo: así apartarán a las masas de la verdadera actividad revolucionaria; luego las condenarán y pretenderán que las industrias sean administradas por el Estado, así debilitarán la confianza del proletariado en su propia fuerza y en su propio destino reforzando a la vez al Estado burgués y a la reacción, que se frotará las manos de contento ante la ineptitud pretendida y el no menos pretendido fracaso del movimiento sindical; siempre considerarán, en fin, a las administraciones obreras como un instrumento para hacer méritos con la burguesía y como un medio de mejoramiento personal.

Los revolucionarios proletarios verdaderos, en cambio, tendrán plena conciencia de los peligros que implican las tantas veces mencionadas administraciones; pero no olvidarán que pueden ser valiosísimos puntos de apoyo de la clase obrera en su lucha contra la sociedad capitalista. Por ello las apoyarán con todas sus fuerzas; mas al mismo tiempo denunciarán constantemente las traiciones, desviaciones o errores que alrededor de ellas se cometan. Cosa que quiere decir, por supuesto, que los resultados revolucionarios de las administraciones obreras de las industrias nacionalizadas están supeditados en último análisis a la existencia de un partido obrero auténticamente revolucionario, verdaderamente marxista-leninista.

 



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